Descubren una "cicatriz" gigante en la superficie de Júpiter - Yahoo! México Noticias

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अल्ज़ा तू voz

¡ALZA TU VOZ PARA LIBERAR A RAÚL!

El próximo domingo 2 de agosto saldremos en caravana al estado de Guerrero para mostrarle nuestra solidaridad a Raúl y exigir su pronta liberación.

¡El camino a la liberación de Raúl está en nuestras manos!

Toma la ruta a Guerrero: http://alzatuvoz.org/caravana/

¡La participación de activistas por los derechos humanos ha logrado liberar ya a 4 de los 5 presos originales! Actúa en este mismo momento: http://alzatuvoz.org/raul/

Inscríbete cuanto antes y recibe a partir del 22 de julio toda la información necesaria: medidas de seguridad, recomendaciones para el viaje, itinerario y sugerencias específicas para el activismo.

* Una pregunta y 4 razones para formar parte de la caravana:


¿Qué pasa en México cuando los pueblos indígenas se organizan para hacer valer sus derechos humanos?
La OPIM

La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa surge en 2002 a través de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (1994) en respuesta a la extrema pobreza, abandono, discriminación y constante violación a los derechos humanos de la población indígena Me’phaa de la región Costa-Montaña del estado de Guerrero por parte de autoridades civiles y militares. Su visión: construir el poder económico, cultural y político de sus comunidades y denunciar las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
Defensoras y defensores de derechos humanos

Defensoras y defensores de derechos humanos siguen enfrentándose a limitaciones en su trabajo, a acoso, a intimidación y a abusos. No obstante, a pesar de los riesgos y desafíos a los que tienen que hacer frente, los defensores y defensoras de los derechos humanos continúan interviniendo para que se produzca un cambio real en la vida de muchas personas en todo el mundo. En México, el Estado ha sido incapaz de garantizar el ejercicio de las actividades legítimas de defensores y defensoras sin temor a represalias, y mucho menos reconocer la legitimidad de las actividades de defensores y defensoras de derechos humanos.

Desde que se fundó la OPIM, sus miembros han sido amenazados y hostigados por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos y del desvío de recursos públicos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente amenazas y ataques físicos y verbales tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a 41 miembros de la Organización con el fin de preservar su vida e integridad personal, ampliando las que ya tenían Obtilia Eugenio Manuel, traductora y líder de la OPIM, e Inés Fernández y sus familiares desde 2005.

Lamentablemente, las amenazas precedentes se cumplieron con el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés y destacado integrante de la OPIM, cuando fue encontrado muerto en Ayutla con huellas de tortura, el 10 de febrero de 2008.
Prisioneros de conciencia

El 17 de abril del 2008 Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernandez fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero del 2008 en el pueblo de El Camelote, estado de Guerrero. Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, hoy liberados, estuvieron acusados de haber instigado el crimen.

Poniendo en prisión a personas inocentes no garantiza justicia para la persona asesinada ni para sus familiares. El Estado tiene la responsabilidad de emprender una investigación completa e imparcial sobre el asesinato de Alejandro Feliciano García y en su momento poder llevar a juicio a los verdaderamente responsables de su muerte.

Además el Estado se ha comprometido a garantizar un genuino acceso a la justicia para los pueblos indígenas y para los defensores y defensoras de derechos humanos.
Raúl Hernández

Después de haber examinado atentamente el caso, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que las pruebas en contra de Raúl Hernández han sido fabricadas mientras que otras pruebas en su favor han sido desestimadas. Amnistía Internacional considera que Raúl Hernández es inocente y que su detención y enjuiciamiento tienen una motivación política debido a sus actividades legítimas dentro de OPIM.

Desde el 11 de noviembre de 2008 Raúl Hernández se convirtió en uno de alrededor de 70 prisioneros y prisioneras de conciencia en el mundo. Al día de hoy es el único prisionero de conciencia en México. Amnistía Internacional declara como prisionero o prisionera de conciencia (término creado a principios de los años 60) a toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso.



¡Te necesitamos!

Dirección de la Oficina Nacional: Tajin #389, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal

पगिना zapatista

Detienen con violencia a cinco compañer@s adherentes a La Otra Campaña, de Candelaria, Campeche
Alrededor de las 5 de la mañana de hoy (10 de julio) detuvieron a golpes a la compañera Sara López González y a los compañeros Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano, adherentes de La Otra Campaña y miembros activos del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, en Candelaria.
Elementos policíacos derribaron las puertas de sus casas, con amenazas encañonaron a sus familiares y detuvieron a golpes a los compañeros referidos. Hasta este momento no sabemos dónde están.
A excepción del compañero Elmer Castellanos, los compañeros Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano se encuentran en un proceso jurídico surgido a raíz de las denuncias que la Comisión Federal de Electricidad interpuso en su contra, fabricándoles varios delitos como medida de presión política para golpear su movimiento.
En repetidas ocasiones, los miembros del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria pidieron al gobierno del estado de Campeche se pronunciara respecto de esta situación dado que los delitos imputados a los compañeros son fabricados y el caso es evidentemente un caso político. El gobierno del estado de Campeche se excusaba argumentando que como autoridad estatal no le correspondía ni podía meterse en asuntos de competencia federal.
El día 30 de junio, los miembros del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria emitieron un comunicado en el que informaron que: “nuestros integrantes han decidido en asamblea NO PERMITIR LA INSTALACIÓN DE NINGUNA CASILLA el próximo 5 de julio, ni para la jornada electoral estatal ni para la jornada federal”. Esto debido a que “desde el pasado mes de noviembre, el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad inició varias denuncias penales en contra de algunos compañeros y compañeras de la resistencia, acusándolos de delitos como privación ilegal de la libertad de un funcionario público, robo a la riqueza de la nación, entre otros, con la única finalidad de intimidarlos y de criminalizar nuestras justas demandas. Todas las comunidades del municipio que estamos en resistencia les decimos que no somos sólo esos compañeros y compañeras que se encuentran denunciados, les decimos que somos más de 3 mil personas las que estamos coordinadas y que asumimos como nuestras dichas acusaciones”.
Ante tal situación, agregaba el comunicado, “hemos sostenido en varias ocasiones reuniones con los representantes de la CFE, y del propio Gobierno del Estado para buscar una salida jurídica a las denuncias infundadas interpuestas en nuestra contra, sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos no hemos logrado llegar a un acuerdo satisfactorio debido a la cerrazón de los representantes de la Comisión Federal de Electricidad. Ante todo ello, las comunidades, ejidos, rancherías y colonias que integran la Resistencia Civil del No Pago resolvieron impedir la realización de las elecciones estatales y federales en todos los lugares donde tenemos presencia, a menos que la representación legal de la CFE se DESISTA DE LAS DENUNCIAS presentadas en contra de nuestros compañeros y compañeras”.
Ante este pronunciamiento el secretario de gobierno del Estado de Campeche, Ricardo Medina Farfán, se comunicó el día 4 de julio con la compañera Sara López para intentar negociar dicha decisión y la compañera le informó que el movimiento no tiene jefes ni líderes y las decisiones se toman por asamblea, por lo que ella no podía tratar con él ningún asunto al respecto. Acto seguido el secretario de gobierno se comunicó con uno de los abogados del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria y a través de éste se llegó a un acuerdo con el movimiento. Dicho acuerdo fue firmado por el abogado representante del movimiento, por la compañera Sara López (el secretario de gobierno presionó para que ella también firmara el documento) y por el secretario de gobierno del estado de Campeche, Ricardo Medina Farfán.
En este acuerdo, el gobierno del estado de Campeche se comprometió a “concertar una reunión de trabajo que se llevará a cabo en el transcurso de la semana que inicia el 13 de julio del año en curso, con la asistencia de representantes de la Comisión Federal de Electricidad y procurando que el delegado de la Procuraduría General de la República del estado de Campeche participe, y una representación del gobierno estatal encabezada por el propio secretario de gobierno. En la que se propondrán diversas alternativas para que las averiguaciones previas iniciadas en contra de miembros e integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria sean atendidas de manera particular, privilegiando el diálogo como vía preferente para la solución de la problemática expuesta y reclamada por sus representantes”.
Asimismo, los integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria se comprometieron a “no realizar ninguna acción que pudiera redundar en afectar el normal desarrollo de la jornada comicial del domingo 5 de julio del año en curso”. Lo cual fue cumplido a cabalidad por parte del movimiento.
Señalamos que la detención arbitraria de nuestros compañeros se da a unos días de firmado este acuerdo, lo cual compromete la actuación del gobierno del Estado.
Por lo que exigimos al gobierno del estado de Campeche que presente a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano, de los cuales desconocemos su paradero. Y en caso de que se hallen en alguna instancia federal como la Procuraduría General de la República, que el gobierno de Campeche cumpla su compromiso de dar “seguimiento e impulso” al proceso, colaborando en la ubicación y liberación de los detenidos.
En tanto no se tenga noticia de los detalles del operativo ilegal llevado a cabo esta madrugada contra integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria y no se sepa si fue de índole federal o estatal, responsabilizamos al gobierno del estado de Campeche de cualquier daño que puedan sufrir Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano, en tanto que el operativo en el que fueron prácticamente secuestrados, los elementos policíacos actuaron con todo lujo de violencia, sin mostrar una orden de aprehensión y violentando los derechos no sólo de los detenidos sino también los de sus familiares que fueron encañonados y amenazados.
Llamamos a los compañeros de la Otra Campaña a pronunciarse en contra de la brutal represión que padecen nuestros compañeros del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche.
Con la rabia que produce la represión a las luchas dignas,
Movimiento de Cultura Popular, A.C.
Mérida, Yucatán, México

mexicanos sin fronteras

Por: Augusto Sención Villalona

1. Con el golpe en Honduras, el gobierno de Estados Unidos persigue cuatro grandes objetivos:

a) Impedir que se profundicen los cambios democráticos en esa nación centroamericana. El gobierno norteamericano sabe que la cuarta urna promovida por Zelaya para las elecciones de noviembre podía abrirle paso a la Asamblea Constituyente y a la reforma constitucional, con lo cual se empujarían cambios revolucionarios importantes y se debilitarían los partidos de derecha.

b) Enviarles un mensaje a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, donde los ejércitos son de derecha, para que no se acerquen mucho a Venezuela. El gobierno de Guatemala está en Petrocaribe y el de El Salvador analiza entrar en dicho proyecto y posiblemente en el ALBA.

c) Disminuir la influencia del gobierno de Venezuela en Centroamérica, donde tres Estados están en Petrocaribe y dos en el ALBA.

d) Comenzar a revertir los procesos que en América Latina son hostiles a su política imperial.



2. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos “condena” públicamente el golpe, no puede ocultar su vinculación al mismo. Varios hechos lo demuestran: la salida de embajador en Honduras dos días antes del derrocamiento de Zelaya, el silencio del presidente Obama durante el día del golpe (domingo 28 de junio) y durante la mañana del lunes 29, su silencio posterior y el papel de la cadena de televisión (CNN), que hablaba de “sustitución forzada” del gobierno y reconocía como presidente al señor Micheletti. Aunque CNN es una empresa privada, actúa como medio estatal, pues su papel consiste en poner en práctica la política del gobierno norteamericano. Peor más allá de esas y otras pruebas, lo cierto es que en Latinoamérica ningún militar, empresario o político de derecha puede derrocar a un gobierno si no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, sobre todo hoy cuando los golpes son más rechazados en el mundo.

3. El régimen de facto hondureño tiene dos bases de apoyo: el gobierno de Estados Unidos, que solo en apariencia lo rechaza, y el bloque interno de derecha, integrado por los partidos tradicionales, el ejército, la cúpula de la iglesia católica y la cúpula empresarial. Pero dado el asilamiento externo y el rechazo popular creciente, los golpistas solo podrían sostenerse si logran un pacto favorable con Zelaya o si doblegan al movimiento popular, al que reprimen con las armas y los toques de queda.

4. El enredo “legal” del gobierno de facto es desastroso. Derroca y expulsa del país a un presidente que no ha violado leyes ni ha sido enjuiciado, le atribuye al presidente derrocado una carta de renuncia que es falsa, dice que dicho presidente es prófugo de la justicia, dicta orden de captura contra él (a pesar de que antes lo había capturado y sacado del país) y luego impide su regreso y su captura. Las aberraciones jurídicas solo expresan el bache de los golpistas. Sin embargo, como el problema no es jurídico, sino político, los golpistas no se rendirán por razones legales, sino ante un resquebrajamiento de sus bases de apoyo y sobre todo si el gobierno de Estados Unidos les ordena dar marcha atrás para evitar situaciones peores.

5. Conciente de la debilidad del régimen de facto, el gobierno de Estados Unidos promueve una negociación entre Zelaya y Micheletti. Si de Costa Rica sale un acuerdo para el retorno de Zelaya y el abandono de la cuarta urna, el proceso de cambios por la vía legal quedaría obstruido, pero Zelaya podría construir un nuevo partido, con sectores liberales, la izquierda y el movimiento social, a fin de disputarle el poder a la derecha tradicional en los próximos años. Zelaya estaría renunciando a la Constituyente y a la reforma constitucional, pero ya desató un proceso popular de gran dimensión que podría terminan socavando el poder de la derecha tradicional. Si se negocia el retorno de Zelaya y continúa el proyecto de la cuarta urna, los golpistas habrían sido fulminados. Ese escenario es improbable. Y si la negociación fracasa, los golpistas lograrían algún reconocimiento y Zelaya legitimaría aún más las acciones para derrocarlos.

6. Si no hay acuerdo en Costa Rica, los golpistas seguirán aislados internacionalmente y la resistencia social crecerá, sobre todo porque la situación de las mayorías empeorará, tanto por la represión como por la caída del consumo y por el descenso de las ventas de las empresas.

7. Si los países de Centroamérica cierran sus fronteras, la situación económica de Honduras empeoraría mucho. Honduras vende en Centroamérica el 25% de sus exportaciones anuales, poco más de 1,500 millones de dólares, y compra en la región por un monto aún mayor. El cierre de fronteras provocaría un desplome del comercio, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo, una gran mora bancaria y la disminución de los ingresos públicos. La quiebra de empresas comerciales y la baja en la inversión pública generarían una escasez de alimentos y un nivel de desempleo que haría insostenible el dominio de los golpistas, por más represivo que sea su régimen. No es seguro que los países de la región bloquen económicamente a Honduras, pero es una posibilidad.

8. Ante un fracaso de la negociación los golpistas tendrían que endurecer la represión interna, pues el movimiento social tomaría mayor impulso. Los golpistas también tendrían que adelantar las elecciones de noviembre. Sin embargo, una acción de ese tipo nada resolvería, pues lo que surja de dichas elecciones no tendría legitimidad ni reconocimiento interno ni mundial. Zelaya es el presidente hasta enero de 2010. Ningún hecho jurídico tiene validez con Zelaya derrocado. Además, organizar elecciones en el actual contexto, sin observadores internacionales y sin el voto de las mayorías, significaría agudizar el conflicto.



9. Si no hay negociación, los golpistas finalmente caerían, por más oxigeno que les de el gobierno de Estados Unidos, que evade toda acción que pueda perjudicarles. Su duración en el poder dependería, principalmente, de cómo evolucione la lucha social y del nivel de cohesión del bloque que poder, sobre todo de la postura de los empresarios, quienes serían muy afectados. El ejército, bajo control de Estados Unidos, solo actuaría contra el régimen de facto si recibe la orden del gobierno norteamericano. La iglesia seguiría en la oposición a Zelaya. Pero los grandes y medianos empresarios no soportarían el descenso económico, la baja en el consumo y la quiebra de sus negocios. Terminarían presionando por una solución política.

10. Si el gobierno de facto se desmorona antes de noviembre, Zelaya regresará con más apoyo y podría encabezar una nueva fuerza revolucionaria. Y si no se desmorona antes de noviembre, no podrá imponer la “paz” interna. El proceso abierto en Honduras es, pese a los riesgos, muy positivo para las fuerzas de izquierda. Más allá de lo que ocurra con la cuarta urna, con la constituyente y con la reforma constitucional, una opción revolucionaria está creciendo.

7 de julio de 2008