israel viola la ley internacional

Israel viola ley internacional, afirma presidente de Asamblea General de la ONU



15 de enero, 2009 El asalto militar de Israel a Gaza viola claramente la ley internacional al imponer a la población un castigo colectivo, atacar objetivos civiles y hacer un uso desproporcionado de la fuerza, afirmó hoy el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D´Escoto.

Durante su intervención en la sesión de emergencia sobre la crisis en la Franja de Gaza, D´Escoto recordó que Israel sigue siendo la potencia ocupante de los territorios palestinos y, como tal, tiene la obligación de proteger a la población.

Sin embargo, agregó, esta obligación no ha sido cumplida, por lo que la integridad de los civiles palestinos se convierte en una responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto.

El ex canciller nicaragüense se refirió a los ataques de las fuerzas israelíes a las instalaciones de la ONU donde se ha refugiado la población y recordó que el Consejo de Seguridad adoptó la semana pasada una resolución que pide un alto el fuego inmediato.

La disposición del Consejo ha sido ignorada por ambas partes, Israel y Hamas. ¿Acaso Israel, como miembro de la ONU no tiene la obligación de implementar las decisiones del Consejo?, preguntó D´Escoto.

“Me parece irónico que Israel, un Estado que, más que ningún otro, le debe la existencia a una resolución de la Asamblea General, desdeñe las resoluciones de la ONU”, dijo el presidente del máximo órgano de debate.

La situación en Gaza es una emergencia a la que debemos responder y ya estamos muy atrasados, recalcó D´Escoto. De esta reunión deben surgir dos demandas urgentes: un alto el fuego inmediato e incondicional y la entrada irrestricta e inmediata de la ayuda humanitaria, añadió.

La catástrofe continúa para los palestinos en Gaza, es nuestro deber sumarnos a los cientos de miles de personas en el mundo que han salido a las calles a pedir el fin de esta guerra, concluyó D´Escoto.
Declaración del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 32ª sesión plenaria del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia sobre las medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

15 de enero de 2009

Excelencias,

Nos reunimos hoy en circunstancias sumamente urgentes, que incluso podríamos calificar de desesperadas. La crisis en el territorio palestino ocupado, concretamente en la Franja de Gaza, se está prolongando en exceso. Ha muerto demasiada gente, demasiados niños y mujeres. Ha habido demasiadas víctimas mortales y heridos graves entre el personal de las Naciones Unidas y demasiados edificios de la Organización, entre ellos escuelas y hospitales, han sufrido daños o quedado destruidos. Hace apenas unas horas, mientras el Secretario General se encontraba de visita oficial en Israel, las fuerzas militares de ese país bombardearon la sede del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en Gaza.

Nosotros, aquí en la Sede las Naciones Unidas, hemos permanecido pasivos demasiado tiempo mientras la masacre continúa. Hoy estoy respondiendo al creciente número de Estados Miembros, entre ellos los pertenecientes al Movimiento de los Países No Alineados, que han pedido que se reanude el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General lo antes posible. Todos los días recibimos mensajes de Gaza y de todo el mundo en los que se pide, incluso se ruega, que las Naciones Unidas pongan fin a la violencia, protejan a los civiles y atiendan las necesidades humanitarias. Nuestro trabajo hoy aquí es urgente.

Durante esta ofensiva han muerto más de 1.000 palestinos, la tercera parte de los cuales eran niños. Bajo los escombros yacen aún más cadáveres, fuera del alcance del personal humanitario debido a la intensidad de los bombardeos. Los vivos morirían tratando de llegar a los muertos. Si esta ofensiva contra Gaza es realmente una guerra, se está librando contra una población indefensa y sin recursos que vive en condiciones penitenciarias.

El hecho de que la población de Gaza viva atrapada, que no pueda salir de allí ni tenga cómo huir o dónde esconderse de los ataques aéreos, navales y de artillería, es particularmente importante para nosotros en las Naciones Unidas, dada la obligación que tenemos en virtud del Artículo 1 de la Carta de defender el derecho internacional.

Israel sigue siendo la Potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, incluida la Franja de Gaza, por lo que, en virtud de los Convenios de Ginebra, tiene la obligación de proteger a la población que vive bajo su ocupación. Pero en lugar de dar la protección que exige el derecho internacional, la Potencia ocupante está negando a la población, integrada en un 80% por refugiados y en más de un 50% por niños, la opción de buscar refugio y protegerse de la guerra. Los civiles de Gaza se encuentran atrapados en una zona de guerra letal, en un territorio densamente poblado cercado por un muro. No pueden escapar.

Sabemos que Israel ha faltado en varias ocasiones a su deber de proteger a la población palestina. No recordaré esas ocasiones aquí. Pero debemos tener en cuenta que, según los Convenios de Ginebra, la obligación de la Potencia ocupante de proporcionar a la población ocupada seguridad, así como alimentos, agua, educación y libertad de religión, entre otras cosas, no es menos importante que su obligación de proteger a sus propios ciudadanos, e incluso podría decirse que lo es más. Cuando una Potencia ocupante no cumple esta obligación, recae en el conjunto de la comunidad internacional, representada aquí en las Naciones Unidas, el deber de proporcionar esa protección.

Los palestinos, como población que sufre una ocupación ilegal, tienen derecho a la resistencia, siempre que respeten las limitaciones establecidas por el derecho internacional humanitario. Es ilegal que los palestinos lancen cohetes contra localidades israelíes. Nadie, ni en Sderot ni en Ashkelon, ni en Rafah ni en Beit Hanoun, debería tener que vivir con ese miedo.

Resulta terriblemente paradójico que la ofensiva que se está librando en Gaza, lo que Israel llama su “guerra contra el terror”, haya causado la muerte, hasta ahora, de 13 israelíes, diez de ellos soldados de los cuales al menos cuatro murieron por “fuego amigo”. Es una terrible paradoja porque durante los cinco meses que duró la cesación del fuego el año pasado no murió ni un solo israelí.

Hace ya un año, varias conocidas organizaciones israelíes denunciaron que los actos de su propio Gobierno contra la población civil de Gaza, que ponían en peligro la vida humana, constituían un “crimen de lesa humanidad”.

Estas organizaciones israelíes emitieron la siguiente declaración el 21 de enero de 2008 (hace casi un año):
“Nosotras, las organizaciones israelíes abajo firmantes, deploramos la decisión del Gobierno de Israel de cortar el suministro de electricidad y combustible …, y de alimentos, medicinas y otro material humanitario esencial, a la población civil de Gaza. Esta acción constituye clara e inequívocamente un crimen de lesa humanidad.”
Los nombres de estas organizaciones figuran en la Nota III del Anexo 1, que contiene un análisis jurídico de la declaración del Primer Ministro Olmert de que Israel se niega a cumplir la resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad.

Las violaciones del derecho internacional que implica la ofensiva contra Gaza han sido bien documentadas: Castigo colectivo. Uso desproporcionado de la fuerza militar. Ataques contra objetivos civiles, incluidas viviendas, mezquitas, universidades y escuelas.

Les recuerdo, Excelencias, que la semana pasada murieron al menos 43 personas como resultado de un ataque aéreo israelí contra una de nuestras escuelas, una escuela de las Naciones Unidas. Muchas de las víctimas eran niños. Y todas ellas pertenecían a familias asediadas y atemorizadas que buscaban refugio contra las bombas y los ataques aéreos. Acudieron a pedir refugio a las Naciones Unidas cuando las bombas destruyeron sus hogares, cuando se les advirtió de que iba a haber un ataque aéreo y no tenían dónde ir, cuando se vieron obligadas a tomar la decisión más desesperada para cualquier padre, la de cómo proteger a sus hijos.

Esas familias acudieron a nosotros, las Naciones Unidas, y nosotros no pudimos cumplir nuestra obligación de proporcionarles seguridad.

Pero se ha cometido una violación más, en la que nosotros, las Naciones Unidas, somos directamente cómplices. El bloqueo de Gaza, que dura ya 19 meses, es la causa directa de la gran crisis humanitaria que estaba sufriendo Gaza incluso antes de que comenzara la actual ofensiva israelí. Ese bloqueo, impuesto por la Potencia ocupante, constituye una violación del artículo 33 del Convenio de Ginebra que prohíbe el castigo colectivo en cualesquiera circunstancias.

Sin embargo, las partes poderosas que forman el Cuarteto lo han respaldado, al menos tácitamente, lo que coloca a nuestra Organización en una posición de dudosa credibilidad y de incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta y del derecho internacional. La Asamblea General, como centro neurálgico de todo el sistema de las Naciones Unidas y, desde luego, su órgano más representativo, debe permanecer siempre alerta para defender la Carta de la Organización.

Al parecer, hay quienes presuponen que si el Consejo de Seguridad procede a examinar un asunto o decide responder a la actual crisis en Gaza en el marco del Cuarteto o de otro grupo de Estados Miembros, este órgano ha de asumir la obligación de apoyar y seguir a ese grupo de Estados sin excederse de los límites que ellos le impongan. Sin embargo, yo como Presidente, cada uno de ustedes como Estados Miembros y todos nosotros juntos compartimos la responsabilidad tanto individual como colectiva dentro de la Asamblea General de defender la Carta y asegurarnos de que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Al asumir este cargo, me comprometí solemnemente a hacer de la democratización y revitalización de la Asamblea General la prioridad del sexagésimo tercer período de sesiones. No me corresponde recomendar una solución para este conflicto inveterado ni pretender resolverlo, pero sí tengo la obligación de recordar a los Estados Miembros sus responsabilidades y obligaciones, que son las nuestras, en virtud de las normas de las Naciones Unidas, y señalar a su atención los instrumentos, informes y conclusiones pertinentes para ayudar a resolver la controversia basándonos en el derecho internacional.

Por lo tanto, debemos examinar las consecuencias que acarrearía la continuación de la participación de las Naciones Unidas en el Cuarteto y hemos de tener debidamente en cuenta el asesoramiento de nuestros propios órganos jurídicos, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas.

En 2007, el profesor John Dugard, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, tomó nota de los puntos que señalaba la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre una serie de violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. Señaló que, si bien los Estados Unidos, la Federación de Rusia y la Unión Europea, tres de los cuatro miembros del Cuarteto, estaban en su derecho a negarse a aceptar la opinión consultiva de la Corte, la posición de las Naciones Unidas era muy diferente, pues “la Corte Internacional de Justicia es el órgano jurídico de la Organización”.

El Sr. Dugard dijo también lo siguiente: “Además, la Asamblea General ha dado su aprobación en repetidas ocasiones, por abrumadora mayoría, a la opinión consultiva. Ello significa que ésta ha pasado a formar parte de la jurisprudencia de las Naciones Unidas. Por esa razón, el representante de las Naciones Unidas en el Cuarteto —el Secretario General o su representante— está obligado jurídicamente a guiarse por la opinión consultiva y a esforzarse de buena fe por hacer todo lo posible para asegurar su cumplimiento. Si el Secretario General (o su representante) no está capacitado políticamente para hacerlo, tiene dos opciones: retirarse del Cuarteto o explicar a aquellos a los que tiene que rendir cuentas —’nosotros los pueblos de las Naciones Unidas’, en palabras de la Carta— por qué no puede hacerlo y cómo justifica su permanencia en el Cuarteto a la luz de la negativa de éste de regirse por la jurisprudencia de las Naciones Unidas. La primera de esas opciones sería probablemente poco prudente en el momento actual porque privaría a las Naciones Unidas de un papel en el proceso de paz. Ello hace esencial la segunda opción.”

El Profesor Dugard añadió lo que cito a continuación: “Durante 40 años, los órganos políticos de las Naciones Unidas, además de Estados y particulares, han acusado a Israel de violaciones permanentes, sistemáticas y masivas de los derechos humanos y del derecho humanitario en el territorio palestino ocupado. En 2004 el órgano judicial de las Naciones Unidas, en su opinión consultiva, afirmó que las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado violaban sin lugar a dudas las normas fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario y no podían justificarse por motivos de legítima defensa ni de necesidad. Si las Naciones Unidas pretenden defender los derechos humanos no pueden permitirse hacer caso omiso en las deliberaciones del Cuarteto de esa opinión, que es una declaración autorizada de que Israel está contraviniendo gravemente sus obligaciones internacionales. No tratar de aplicar, o, ni siquiera, de reconocer, una opinión consultiva que se refiere al derecho internacional humanitario y a las normas de derechos humanos, pone en cuestión el propio compromiso de las Naciones Unidas para con esos derechos.”

Incluso sin una nueva opinión consultiva, está claro que el dictamen anterior sigue siendo válido. Israel continúa violando el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos.

Hemos de tomarnos muy en serio lo que John Dugard llamó “el propio compromiso de las Naciones Unidas” para con los derechos humanos. ¿Acaso no deberíamos replantearnos nuestra función dentro del Cuarteto y reflexionar sobre cómo las propias Naciones Unidas estamos violando de forma consciente, casi voluntaria, los fundamentos del derecho internacional y nuestra propia Carta? En el ámbito internacional, las Naciones Unidas tienen la función particular de definir y defender el marco normativo internacional para garantizar y mantener la paz internacional. Debemos preguntarnos si la participación de las Naciones Unidas en el Cuarteto no constituye un conflicto de intereses. ¿Acaso la participación de la Organización no presta credibilidad a este grupo especial que se ha mostrado dispuesto a negociar arreglos que amenazan con debilitar en forma fundamental esas normas?

Es hora de cambiar esta situación. He convocado la reunión de hoy en respuesta a la petición presentada por los 118 Estados Miembros que forman el Movimiento de los Países No Alineados, y en reconocimiento de la obligación que compete a todo el sistema de las Naciones Unidas, cuyo órgano más representativo y democrático es la Asamblea General, de trabajar, conforme a los propósitos definidos en el Artículo 1 de la Carta, en pro de la paz universal, del principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Somos plenamente conscientes de que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1860 (2009) la semana pasada. Pero la implacable ofensiva contra Gaza continúa. Gaza está en llamas. Se ha convertido en un verdadero infierno.

El Consejo pidió una cesación del fuego, pero su petición queda desvirtuada por la insistencia en que dicha cesación sea a la vez “inmediata” y “duradera”. Esto constituye un doble discurso. La obligación de una cesación del fuego inmediata es incondicional y urgente. Nuestro objetivo a mediano plazo de conseguir la paz “duradera” no puede lograrse sin resolver las causas fundamentales del conflicto.

En la resolución se pide que no se pongan trabas a la asistencia humanitaria, pero esa petición pierde efectividad al no haberse pedido también que la Potencia ocupante ponga fin al cierre de las fronteras de Gaza, un bloqueo que dura ya 19 meses y que cuenta con el respaldo de algunos de los miembros más poderosos del propio Consejo de Seguridad. Todos sabíamos que un llamamiento de este tipo, sin que se previeran medidas de aplicación o ejecución, se incumpliría impunemente.

Cuando el Consejo aprobó la resolución 1860 (2009), yo declaré que la analizaríamos a fondo y determinaríamos si era seria y si tenía en cuenta las medidas pertinentes para asegurar tanto la inmediata cesación del fuego como el acceso sin trabas al pueblo palestino para atender sus necesidades humanitarias.

No hace falta analizar demasiado para ver que la resolución del Consejo no ha logrado facilitar ni la cesación del fuego ni el libre acceso de la ayuda humanitaria. Evidentemente, nunca se quiso cumplir esos objetivos. Está claro que ello no es culpa de la mayoría de los miembros del Consejo, sino que se debe a que algunos dentro del Consejo (y fuera de él) estaban empeñados en traicionar las obligaciones que les corresponden en virtud de nuestra Carta. En lugar de apoyar una petición firme, clara e inequívoca de una cesación del fuego inmediata, esas fuerzas lograron bloquearla y permitieron así que prosiguiera la acción militar, lo cual parece que era su verdadero objetivo.

Ese resultado, consistente en garantizar que los esfuerzos diplomáticos hicieran posible continuar con los ataques militares, concordaba perfectamente con el objetivo nada ambiguo de la Potencia ocupante. El 4 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores de Israel dijo claramente que la intensa actividad diplomática de los días anteriores había tenido por objeto disminuir la presión en favor de una cesación del fuego y ganar tiempo para poder continuar con la operación militar. Los insto a que analicen detenidamente sus palabras: sus actividades diplomáticas no iban dirigidas a poner fin rápidamente a la matanza, sino, por el contrario, a disminuir la presión en favor de la cesación del fuego. Puede que ese sea el objetivo del Gobierno de Israel, pero desde luego no es el mío, ni puede ser tampoco el de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General. Nuestro objetivo sólo puede ser la cesación inmediata del fuego. Debemos intensificar, no mitigar, la presión para lograr esa cesación del fuego.

Por ahora, la resolución del Consejo de Seguridad ha sido rechazada por ambas partes, Israel y Hamas. Según algunas fuentes, el rechazo de Hamas parece basarse principalmente en el hecho de que no se exige el levantamiento del bloqueo que ha causado tanta devastación entre la población de Gaza durante 18 meses, desde antes incluso de la actual ofensiva militar. Si bien ese no debería ser motivo para rechazar una cesación inmediata del fuego, numerosos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han reconocido que el cierre prolongado de las fronteras de Gaza no sólo está provocando un desastre humanitario sino que constituye una clara violación del derecho internacional, en particular de la obligación que impone el Convenio de Ginebra a las potencias ocupantes de proteger a las poblaciones que viven bajo su ocupación.

El rechazo israelí es patente: El Primer Ministro negó de forma explícita e inequívoca toda legitimidad y autoridad al Consejo de Seguridad al afirmar que el Estado de Israel nunca ha aceptado que ningún órgano externo determine su derecho a defender la seguridad de sus ciudadanos. Israel es un Estado Miembro de las Naciones Unidas. Como tal, ¿acaso no está obligado a aceptar, e incluso a aplicar, las decisiones del Consejo de Seguridad?

Encuentro paradójico que Israel, un Estado que, más que ningún otro, debe su propia existencia a una resolución de la Asamblea General, muestre tanto desprecio por las resoluciones de las Naciones Unidas. La reciente declaración del Primer Ministro Olmert, en la que desautoriza la resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad, coloca claramente al Estado de Israel en una posición de desacato del derecho internacional y de las Naciones Unidas.

La Ministra de Relaciones Exteriores desestimó por completo la resolución del Consejo y reivindicó el derecho de Israel a defenderse. Pero si Israel se basa en ese argumento, debe reconocer que, conforme al Artículo 51 de la Carta, “las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Además, el derecho de legítima defensa sólo es válido “hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

El Consejo de Seguridad tomó la medida que consideró necesaria al aprobar la resolución 1860 (2009); aún si hubiera sido válida, cualquier reivindicación del derecho de legítima defensa por parte de Israel debía haberse retirado en ese momento.

Es necesario emprender todos los esfuerzos serios posibles para lograr la cesación inmediata del fuego, y los apoyo todos. Numerosos organismos de las Naciones Unidas, nuestros aliados fundamentales entre las organizaciones humanitarias internacionales, e importantes defensores de los derechos humanos en todo el mundo están pidiendo una cesación del fuego inmediata e incondicional. Los grupos regionales y los Estados Miembros se han sumado al llamamiento en favor de la cesación inmediata del fuego. En todo el mundo, decenas y centenares de miles de personas siguen manifestándose en las calles, incluso aquí en el país anfitrión de las Naciones Unidas y en Israel, para exigir la inmediata cesación del fuego. Nosotros en las Naciones Unidas no podemos hacer menos.

El Consejo tal vez no haya podido o no haya querido adoptar las medidas necesarias para imponer una cesación del fuego inmediata, pero, en todo caso, delegar esas gestiones a uno o dos gobiernos o al Cuarteto no lo exime de sus propias responsabilidades derivadas de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo no puede renegar de su responsabilidad colectiva. No puede seguir perdiendo el tiempo mientras Gaza arde en llamas.

La aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad tampoco elimina nuestra responsabilidad. Nosotros en la Asamblea General, que representamos a TODOS los países y pueblos del mundo, tenemos nuestra propia obligación individual y colectiva, y hemos de cumplir con ella.

Por lo tanto, Excelencias, nos reunimos hoy aquí, en esta trigésimo segunda sesión del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, para responder a esta urgentísima crisis. Hemos reaccionado muy tarde. Los gobiernos de los Estados Miembros que solicitaron esta sesión no querían que ésta fuera una mera ocasión para pronunciar apasionados discursos sin acompañarlos de medidas concretas, y tampoco es esa mi intención. Convoqué esta sesión a fin de movilizar el poder y el prestigio de la Asamblea General, componente más representativo y democrático de las Naciones Unidas, para responder a dos peticiones urgentes: que se declare una cesación del fuego inmediata e incondicional y que se permita de inmediato el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria; las cuestiones de más largo plazo podrían examinarse después.

Sé que, como yo, reconocen que la situación es urgente y que tenemos el compromiso colectivo de cumplir nuestras obligaciones pendientes para con el pueblo ocupado de Gaza. Necesitamos una diplomacia seria y rápida, no falsas promesas.

Para el pueblo de Gaza, la catástrofe humana continúa. Han pasado 20 días, y sigue muriendo gente. Nuestra obligación es clara. Nosotros, las Naciones Unidas, debemos hacer un llamamiento a que se declare una cesación del fuego inmediata e incondicional y a que se permita de inmediato el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria. Nosotros, las Naciones Unidas, debemos unirnos a la gente de todo el mundo que clama, y actúa, por que se ponga fin a la muerte y la destrucción. Debemos sumarnos a los valientes israelíes que han protestado contra esta guerra y a los residentes de la aterrorizada localidad de Sderot que pidieron “Otra voz” para responder al miedo que infunden los cohetes con la reconciliación en lugar de la guerra.

Debemos ponernos del lado de los centenares de miles de personas que han paralizado trenes, presentado peticiones a sus gobiernos y salido a las calles de todo el mundo para exigir que se ponga fin a la guerra. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestro deber, mientras trabajamos, llorando la muerte de tantas personas, para lograr una cesación del fuego inmediata.

Por supuesto, corresponderá a los miembros de la Asamblea General, de forma colectiva, determinar qué resolución debemos aprobar. Pero creo que ésta debe reflejar la urgencia del momento y de nuestro compromiso de poner fin a esta matanza. No tenemos tiempo para resoluciones largas y complejas, en las que recordemos cada una de nuestras posiciones anteriores y reexaminemos todos los mandatos que han quedado sin cumplir. Es el momento de dar una respuesta de emergencia.

Espero y confío en que nuestro trabajo de hoy nos permita realmente cumplir nuestra promesa original, que tanto necesitan ahora tanto en Gaza como en Sderot, de poner fin al flagelo de la guerra.

Gracias.








Búsqueda de Noticias






Excmo. Sr. Padre Miguel d'Escoto
Brockmann, M.M.
Presidente del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Versión para imprimir [PDF]

El Excmo. Sr. Padre Miguel d'Escoto Brockmann, M.M., fue elegido Presidente del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de junio de 2008.

Veterano estadista, político, dirigente comunitario y sacerdote, el Padre d'Escoto fue Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua durante más de 10 años, entre julio de 1979 y abril de 1990. Durante el tiempo que ocupó ese cargo tuvo un papel fundamental en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, encaminados a poner fin a los conflictos armados internos de Centroamérica en la década de 1980. También entonces promovió la decisión adoptada por su Gobierno en 1984 de presentar ante la Corte Internacional de Justicia una reclamación contra los Estados Unidos de América por apoyar actividades militares y paramilitares contra su país; la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua.

En la actualidad, el Padre d'Escoto es Asesor Superior del Presidente Daniel Ortega Saavedra en Asuntos Internacionales, puesto que ocupa desde 2007 y que conlleva el rango de ministro. El Padre d'Escoto es también Presidente de la Comisión Nacional de Agua, y en esa calidad desempeña un papel rector en las iniciativas emprendidas para conservar el lago Cocibolca, la mayor reserva de agua de Mesoamérica. Asimismo es miembro del Consejo Sandinista Nacional y de la Comisión Política, máximo órgano ejecutivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ordenado sacerdote de los Misioneros Maryknoll a principios de la década de 1960, el Padre d'Escoto ha viajado mucho y ha visitado la mayor parte de las capitales del mundo, así como muchas regiones remotas y menos accesibles de la Tierra, y ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a los más necesitados. En 1963 fundó el Instituto Nacional de Acción Poblacional e Investigaciones (INAP) en Chile, cuyo objetivo es empoderar a los grupos desfavorecidos de las callampas -barrios marginales de la periferia de Santiago y de otras ciudades- mediante la acción comunitaria en defensa de los derechos laborales. Después del terremoto que asoló la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, en diciembre de 1972, el Padre d'Escoto recabó ayuda para las víctimas del terremoto, y en 1973 estableció la Fundación Nicaragüense pro Desarrollo Comunitario Integral (FUNDECI), que ahora es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y prestigiosas de Nicaragua.

En 1970, el Padre d'Escoto asumió la dirección del Departamento de Comunicaciones Sociales de Maryknoll en su sede de Nueva York, donde fundó la Editorial Orbis. Orbis, sección editorial de la congregación Padres y Hermanos de Maryknoll, que pronto se convirtió en una de las primeras editoriales religiosas, publica libros sobre espiritualidad, teología y temas de actualidad, a menudo desde la perspectiva del Tercer Mundo. Más tarde, durante su estancia en Nueva York, el Padre d'Escoto fue uno de los fundadores del "Grupo de los Doce", formado por profesionales e intelectuales democráticos y progresistas que apoyaban al FSLN en su lucha por derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. El Padre d'Escoto fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua poco después de la caída de Somoza.

Inspirado por la vida y la obra de personalidades como León Tolstoi, M. K. Gandhi, Martin Luther King y Dorothy Day, el Padre d'Escoto defiende el multilateralismo y el respeto del derecho internacional y está firmemente comprometido con los principios de la noviolencia activa, la solidaridad y la justicia social, que junto con un profundo sentimiento de la ética han sido la base de su vida política.

El Padre d'Escoto ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos la Orden Cardenal Miguel Obando Bravo (2007), máxima condecoración otorgada por la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), por su labor en pro de la paz; el Premio Thomas Merton (1987), por su compromiso con la paz mundial; la Orden Carlos Fonseca Amador (1986), máximo reconocimiento otorgado por el FSLN, por su contribución al derecho internacional; el Premio Lenin por la Paz (1985/1986), otorgado por la Unión Soviética; el Premio Julio Cortázar por la Paz y la Democracia en América Latina y el Caribe (1985), otorgado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Argentina, y el Premio Alfonso Comín por la Paz (primer premiado, Barcelona, España, 1984), que él aceptó en nombre del pueblo de Nicaragua. En junio del presente año, el Padre d'Escoto recibió el apoyo unánime del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe como candidato a la presidencia del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Padre Miguel d'Escoto nació en Los Angeles, California, en 1933 y pasó su infancia en Nicaragua, pero volvió a los Estados Unidos en 1947 para cursar estudios. Ingresó en el seminario católico de Maryknoll (Nueva York) en 1953 y fue ordenado sacerdote en 1961. En 1962 obtuvo un máster en Ciencias por la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia (Instituto Pulitzer).